El jueves 26 de agosto surgió la sorpresiva noticia de que la Sala Constitucional anuló, en la sentencia 2010-14192, la instauración de la última junta directiva del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), vigente desde enero de 2010[1]. Con este voto, la Sala echaba por el suelo los subsecuentes acuerdos logrados entre el Gobierno de la República y esta junta directiva. El más publicitado logro entre las partes consistía en dar los puertos limonenses en concesión a empresas privadas[2].
De mis conocidos, regulares seguidores de uno u otro medio de comunicación, la noticia de lo sucedido el miércoles los tomó por sorpresa. Era un hecho que la nueva junta directiva del sindicato estaba ratificada por el mismísimo Ministerio de Trabajo durante la Administración de Oscar Arias[3]. Si bien es cierto, la nueva junta directiva se había nombrado bajo un proceso abrupto de votación interna que no contó con una convocatoria masiva de sus miembros[4], todo se sentía estable en esa área. No cabía duda que la labor de fuerza del grupo de Oscar Arias se había anotado una victoria.
Sin embargo aparece la Sala Constitucional, casi 6 meses después, con un voto que indica que la remoción de la anterior junta directiva de JAPDEVA se dio de forma ilegal. Con el historial de votos recientes de este grupo de jueces, que habían favorecido en su mayoría las solicitudes del grupo de los Arias, esto realmente parece sorprendente. ¡Hasta yo estaba sorprendido!
Revisando artículos de los últimos días en los periódicos de rotación nacional del país me fui enterando un poco más de que el hecho puede ser una reparación que va más allá del tema de sindicatos. Eso es precisamente lo que voy a tratar de exponer a continuación.
Por un lado, un día antes, el martes 24 de agosto, surge la noticia de que todos los diputados de oposición se levantaron de sus curules y se fueron hacia la mesa del directorio legislativo. Le exigían al presidente del Congreso que integrara una comisión que debería investigar las sospechosas irregularidades en el proceso de concesión de Puerto Moín[5]. Según trasciende, aparte de que la concesión gestionada durante el mismísimo gobierno de los Arias sólo beneficiaría a un único contratista[6], también implicaría una fuerte alza en costos para los exportadores locales. Sólo los diputados del Partido Liberación Nacional se mantuvieron sentados en sus sillas durante el ajetreo en el plenario. O sea, hasta los máximos aliados del partido en gobierno, los libertarios, se sumaron al tumulto.
Un día después es cuando la Sala Constitucional revisa el expediente de la sentencia 2010-14192 y lo vota. Exactamente un día después.
No es para menos que ahora esto se tome como un escándalo nacional. Un plan atropellado pero ícono de los llevados a cabo por el grupo de Oscar Arias, se venía abajo estrepitosamente. Peor era saber que el cuestionamiento ya no queda en el tema de la concesión de puertos, sino que ahora se va a extender a las otras obras concesionadas[7].
De todo lo que ha emergido, es hasta el editorial del periódico La República que los datos se hacen más precisos. Según se indica ahí, “el sector privado también está en contra de concesionar una nueva terminal privada en Moín, por contemplar tarifas de al menos $257 por contenedor de 20 pies, la cual sería 2,5 veces más de lo que se paga actualmente, así como aproximadamente tres veces lo que se cobra en algunos puertos de la región.”[8] Me vale decir también que este artículo editorial me complace y merece mi apoyo, al indicar que debemos hacer las cosas bien y de una vez por todas.
Con estos detalles, aún muy superficiales, me nacen dudas sobre los objetivos reales de apresurar concesiones y construcciones privadas otorgadas por el Estado, del cual yo soy contribuyente y usuario. Parece que el beneficiado no es el ciudadano regular de Costa Rica, en el fondo de todos estos asuntos. Mucho menos existiría posibilidad alguna de que tales travesías fueran parte de algún plan muy complejo para ayudar a disminuir la pobreza, mejorar el bienestar general, o asegurar el desarrollo colectivo.
O sea, podría yo concluir y temer que las familias mafiosas representadas en tantas películas de cine son cualquier pandilla y palidecen ante quienes traman y ejecutan estos planes de mega construcciones portuarias e infraestructura en mi adorado país.
Me queda ver qué más se libera a la luz pública sobre este y otros grandes logros de la gestión de los hermanos Arias.
[1] LOAIZA, Vanessa y otros. “Sala IV anula acuerdo para concesionar muelles de Limón”. La Nación. [Costa Rica] 26 agosto 2010: El Pais-4A.
Debo aclarar que este rotativo nacional titula la noticia indicando que se anula el acuerdo de concesión, cuando en realidad se anuló la instauración de la junta directiva de JAPDEVA de enero de 2010, lo cual se trae abajo los acuerdos logrados.
[2] LOAIZA, Vanessa. “Japdeva y sindicato pactan concesionar muelles de Limón”. La Nación. [Costa Rica] 29 abril 2010: El País-6A.
[3] LOAIZA, Vanessa. “Trabajo legitima cambio de cúpula sindical en Japdeva”. La Nacion. [Costa Rica] 23 febrero 2010: El País-4A.
[4] LOAIZA, Vanessa. “Empleados de Japdeva votan a favor de concesionar muelles”. La Nación. [Costa Rica] 16 enero 2010. El País-8A.
[5] RUIZ, Gerardo “Moín desordenó el plenario”. Diario Extra. [Costa Rica] 25 agosto 2010: Nacionales-6.
[6] CASTRO, Johnny. “MOPT defiende proceso de concesión de Moín”. Diario Extra. [Costa Rica] 25 agosto 2010: Nacionales-5.
[7] MATA, Esteban. “Oposición obliga al PLN a investigar concesiones”. La Nación. [Costa Rica] 26 agosto 2010: El Pais-8A.
[8] EDITORIAL ESPECIAL. “Ridículo”. La República. [Costa Rica] 27 agosto 2010: Editorial y Opinión-13.