En mayo 2009 retiré el nuevo plástico por renovación de mi tarjeta de crédito de Credomatic (o BAC San José, como te convenga). El proceso habitual me ha tomado unos minutos pues me requería firmar documentos de entrega. Sin embargo, este año fui sorprendido con los documentos que tuve que firmar, con los cuales se me hizo hincapié que mi información individual sería apropiada por el banco por un período indefinido y para el uso que la entidad mejor pudiera darle.
Esto implica que con la documentación que cada tarjeta-habiente firma, se expone a que tal banco trafique con sus datos individuales, aun cuando no se tenga relación de negocios con el banco.
Adjunto tres documentos que firmé:
- El contrato con Credomatic tiene un párrafo extenso que en resumen indica que ellos harán uso de mi información personal a su gusto, como les dé la gana, como les ronque el cul…
- Carta Autorización para Entrega CIC a Empresas del Grupo Financiero BAC – Credomatic. En detalle, esta carta indica que sin poder quitarme (“irrevocablemente”) le otorgo a esta corporación el que acceda mi información del Centro de Información Crediticia y que haga con ello lo que le dé la gana (“… las siguientes entidades: CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.”, y ya vimos que, por contrato, Credomatic se presenta como un ente capaz de compartirlo con quien quiera). Además, la carta indica claramente que la información servirá inicialmente para tratar de venderme más cosas. Risible es la parte que dice que los voy a dejar hacer esto por siempre (“… y el plazo para esta autorización es indefinido.”).
- Por último está la imagen de la “Autorización de la persona Física para entregar información crediticia a todas las entidades supervisadas”. Al leerlo en la oficina de Credomatic no podía creerlo, pero el documento no miente: autorizo a la SUGEF a que entregue mi información crediticia a todas los bancos y entidades que existen en el país. Claro, esta nota indica que bien puedo revocar tal autorización, pero que tal acción tendrá consecuencias de acuerdo a los contratos que haya firmado.
En ese preciso instante recordé que en este país, nuestro Estado nos protege de formas extrañas: nuestra información personal es pública. Por otro lado, el secreto bancario es ley. La pregunta es obvia: ¿a quién desean proteger con esto?
Por este tipo de atropellos recuerdo cuando hace más de 15 años, un ciudadano sueco me presentó su licencia de conducir y quedé confundido al ver que no tenía una foto para identificarlo. El mismo ciudadano me explicó que la identificación se lograba con otro documento, uno como el pasaporte.
Se tomó unos segundos más para dejarme saber lo preciada que es la privacidad que el Estado sueco otorga a sus ciudadanos. El Estado, en este papel de defensa, no comparte ni permite que se comparta la información personal de los individuos. En otras palabras, tal información no es pública. Es accesible únicamente por requerimientos judiciales. Los individuos están en control de sus datos personales, pues bien pueden compartirlos para completar negocios… y sólo hasta donde sea necesario.
Durante 15 años el hecho me dejó con una buena impresión. Luego me di cuenta que en diferentes grados, esta es una política similar para toda Europa… y para Canadá, Estados Unidos, Japón y Taiwán: la información personal de los individuos es privada. En general, las naciones desarrolladas protegen la información personal de sus habitantes y el traficar con tal información es penado por ley.
Sin embargo, últimamente la mejora de las corporaciones es importante para los que nos gobiernan. Por eso, creo yo, en Costa Rica la información personal es pública. El historial de vida como empleado, las relaciones mari tales y de consanguinidad, ingresos económicos, posesiones muebles e inmuebles, números de teléfono y así cualquier dato que el Estado posea, es accesible para cualquier otro ciudadano que así desee obtenerlos. Nuestra información personal hasta ha sido vendida internacionalmente («Registro suspende venta de información» y «Presumen que hay venta de datos del ICE, MOPT y Caja«). Claro, esto parece irracional a la luz del controversial “secreto bancario” que protege los movimientos de dinero de los “grandes inversionistas”.
Entonces me nacieron las preguntas: ¿Por qué en Costa Rica es esto diametralmente opuesto a lo que sucede en naciones desarrolladas socio-económicamente? ¿Qué me hace diferente para que mi información individual sea abierta al público, pero la de un ciudadano francés sea privada? ¿A quién beneficia o protege tal esquema de manejo de información?
No tengo respuestas fáciles, pero tengo varias teorías que en una combinación dan razones para el escenario en que vivimos.
Empezando por la Constitución Política de La República de Costa Rica, en su artículo 24 (“Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones…”), se habla de “documentos privados” sin especificar más o dar ejemplo de tales. Ahí termina el cuento por la ley. En Costa Rica los ciudadanos carecemos de una Ley de Hábeas Data que nos proteja de las organizaciones sin escrúpulos como Credomatic o cualquier otro banco, que trafican nuestra información personal. En Costa Rica nuestro mismo Estado nos ha desprotegido al entregar nuestros datos individuales y de naturaleza privada a quien así le convenga tenerlos.
Esta es la razón por la cual muchos ciudadanos recibimos llamadas de vendedores para ofrecernos cuanta desperdicio se puede.
Del mismo modo, los créditos personales son negados si tales datos de carácter personal e individual no son fácilmente accesibles por medio de las bases de datos de terceros (por ejemplo “Datum”; que existe gracias a un acto inicial de corrupción de venta de base de datos de la CCSS hace unos 10 años atrás y a la desprotección a la que los ciudadanos estamos expuestos).
En fin, mi teoría más fuerte apunta a que quienes nos gobiernan son los mismos interesados en tener nuestros datos personales con libre acceso a quien los necesite. Ellos son los mismos accionistas de bancos, miembros de juntas directivas de entidades financieras y similares, mercaderes en toda la extensión de su quehacer. Son los mismos que han tomado a esta nación de ciudadanos «domesticados” y la han vendido por cualquier medio al mejor postor.
Nuestra información es pública y está a la vista porque hay quienes ganan mucho dinero con ella. Esa es mi teoría. Otras hipótesis como “descuido e ingenuidad de parte de quienes nos gobiernan” aun las tengo en mi lista, pero tienen un peso minúsculo en comparación.
Con esto ya no importan las razones como igual de nada sirve quejarnos por nuestra situación actual. De aquí en adelante deberíamos tener las opciones para solucionar nuestras condiciones.
Hay varios caminos:
- Solicitar la eliminación de datos personales de Datum en forma masiva. Sí, es posible interponer un recurso de Hábeas Data ante la Sala IV para que los datos personales de cualquier individuo no sean mostrados por esta compañía. Un abogado solo debe referirse a las resoluciones pasadas contra Datum en esta materia para redactar un recurso. Pero de no suceder de forma masiva, los perjudicados serían un reducido grupo de usuarios quienes pueden recibir discriminación por parte de las compañías crediticias, negándoles servicios hasta que sus datos sean visibles de nuevo en esa base de datos.
- Apelar, una vez más, la existencia de Datum ante la Sala IV. Pero tal proceso es casi seguro será resuelto a favor de esta compañía o cualquier otra similar, pues nuestra constitución y nuestros diputados ya disponen de nuestros datos personales como públicos.
- Promover el proyecto de Ley 14 785: Recurso de Hábeas Data. Este proyecto de ley nacional busca, precisamente, terminar con el tráfico indiscriminado de datos de carácter personal (se le acabaría el negocio a Datum… y a BAC San José en esta rama). Parece ser lo más sensato por hacer, pero al mismo tiempo lo más difícil a lograr.
Lo bueno del actual panorama en este tema es que nada se ha hecho, por eso cualquier cambio positivo sería beneficioso… a ver si el BAC San José aprende a cuidar más a sus clientes, o sea, nosotros.
Guey!!!!! Yo saque mi informacion de Datum y cada tres meses llamo para pedirla a ver si la volvieron a meter… Ya con los bancos desgraciadamente son un mal necesario y como haces para no comprar los servicios de estos sin tener que dar estas autorizaciones…. CONO!!!!
Precisamente necesitamos la proteccion como estrategia, no como paliativo: la ley debe protegernos. Eso es lo que me propuse promover este año ante la Asamblea. Y si no logro nada en 2009, entonces aun tengo 2010! ;)